Asunción, 24 de junio de 2025 – En una sesión marcada por la preocupación ante la creciente ola de delitos informáticos, la Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto que declara emergencia nacional en materia de ciberseguridad. La propuesta fue impulsada por el diputado Roberto González (ANR – Fuerza Republicana) como respuesta directa a los recientes ciberataques de gran escala que comprometieron datos y servicios críticos del Estado paraguayo.

En lo que va del año, Paraguay ha sido blanco de varios incidentes cibernéticos que evidenciaron graves falencias en la protección de sistemas y bases de datos públicas. Uno de los ataques más significativos afectó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde se filtraron documentos internos y archivos confidenciales. Posteriormente, fue vulnerada la propia Cámara de Diputados, lo que derivó en la exposición de información institucional sensible. A esto se suman ataques a otras entidades gubernamentales, cuyas bases de datos con registros personales, como números de cédula, direcciones y antecedentes, terminaron circulando en foros de la dark web.

El proyecto aprobado declara formalmente el estado de emergencia en ciberseguridad a nivel nacional, lo que habilita al Poder Ejecutivo a tomar medidas excepcionales para enfrentar la situación. Esto incluye la posibilidad de destinar recursos extraordinarios, agilizar contrataciones y acelerar la implementación de políticas públicas orientadas a prevenir y mitigar futuros ataques.

“La emergencia nacional permitirá fortalecer nuestras capacidades de defensa digital, mejorar la protección de datos personales y garantizar la seguridad de los sistemas tanto públicos como privados”, expresó el diputado González durante su intervención.

Con esta medida, Paraguay busca dar un paso firme hacia una estrategia de ciberseguridad integral, con enfoque preventivo, pero también con capacidad de respuesta ante amenazas inminentes. El objetivo es proteger la infraestructura digital crítica del país y asegurar la continuidad de los servicios esenciales, minimizando el riesgo de nuevas filtraciones o interrupciones masivas.

La aprobación del proyecto refleja el reconocimiento, a nivel legislativo, de que la ciberseguridad dejó de ser un tema técnico aislado para convertirse en una cuestión de seguridad nacional.